Constitucion_Mexicana_de_1917

      Si el amable lector hiciera un ejercicio comparativo del texto constitucional original aprobado aquél lunes 5 de febrero de 1917 con el texto vigente, seguramente se llevaría una sorpresa. La coincidencia textual entre ambos documentos es casi mínima. Y no es cuestión de interpretaciones, sino cuestión de cambios constitucionales. Al día de hoy, casi el 80% de los 136 artículos que contiene la Constitución han sufrido, al menos, una reforma. Se han publicado 205 decretos de reforma constitucional que han arrojado un total 539 reformas al texto de la Carta Magna. Y hay aún una larga lista de espera en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso sobre algunos otros elementos que los legisladores consideran pertinentes de reformar.

      Atendiendo a estas cifras muy probablemente usted pensará que estamos frente a una “nueva Constitución”, muy distinta a lo que el espíritu original de la misma consagraba cuando el constituyente de 1917 la promulgó. Con tantas reformas, válidamente podría cuestionarse ¿por qué no hacer una nueva Constitución? Y más aún, ¿realmente la Constitución actual responde a las actuales necesidades que México reclama? Esas preguntas han venido dando vueltas en el imaginario colectivo desde hace ya varios lustros y muchos ciudadanos han caído en la atracción de propugnar por la creación de un nuevo texto constitucional. Pero antes de hacer una propuesta para una nueva Carta Magna hay que preguntarnos y, desde luego, respondernos ¿Qué es una Constitución?, para luego resolver ¿para qué una nueva Constitución?

      En efecto, el ideal de una nación es consolidarse formalmente como una sociedad organizada, donde el Estado delimite sus funciones y donde los gobernados gocen de una serie de derechos fundamentales que no le pueden ser socavados. La Constitución formalmente hablando, es ese documento que consagra los principios que organizan al Estado y los derechos reconocidos de las personas que en él se encuentran. Es La Norma fundamental de la cual se deriva todo el sistema de normas que organizan a una nación. Partiendo de estos supuestos hagamos un análisis sucinto de los principios de Derecho que rigen a una nación.

      El Derecho es un orden normativo que organiza a una sociedad, esto, es, para que una sociedad de hombres funcione deben haber normas que procuren dicho orden social y, en su caso, que sancionen a quienes lo quebranten y restablecer lo mejor posible el orden. Como el Derecho debe regular los aspectos que la realidad social humana va experimentando, su sentido debe ir transformándose en función de los cambios sociales que impactan a la comunidad. Cambios no sólo al interior del Estado, sino también cambios que son motivados por el concierto internacional. En pocas palabras, una nación encuentra un mejor estado de bienestar si su sistema jurídico va reflejando objetivamente en sus normas los cambios sociales que el país requiere.

      De ahí que el Poder constituyente haya dotado de la facultad al Supremo Poder Revisor de la Constitución (también conocido como el “Constituyente Permanente”) de modificar el texto constitucional para que su espíritu originario, esto es, la preservación del estado de Derecho, no se corrompa, y que vaya actualizándose en las normas en la medida que los cambios sociales así lo requieren. Esta es la razón por la cual nuestra carta Magna ha sufrido una cantidad notable de reformas, todas ellas encaminadas a procurar idealmente el bien común descrito en un orden normativo justo.

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      Así, podríamos decir que nuestra Constitución es un texto actual, vigente, orientado según los cambios sociales que se han venido dando en México, tanto desde su interior como desde la comunidad internacional. A pesar de sus más de doscientas reformas, la Carta Magna es un texto vivo que responde a las necesidades jurídicas actuales y que, desde luego, sigue abierta para continuar adecuándose a los cambios por venir.

      Por ello, respondiendo a la pregunta sobre si es necesario hacer un nuevo texto constitucional, permítame el lector sintetizar algunos puntos sobre el porqué no consideramos pertinente, en este momento, optar por ese itinerario.

      Históricamente, y desde la perspectiva de la Teoría del Estado, una Constitución es resultado de un cambio de forma de gobierno y de sistema político en una nación; esto es, que generalmente el texto constitucional deviene luego de una revolución al interior del Estado, la cual no necesariamente debe ser armada, sino que implique un cambio en los paradigmas del Poder. Veamos algunos ejemplos. La constitución alemana de 1949 es producto del cambio estructural de sus principios de Estado luego de la trágica impronta que el nacional socialismo trajo a aquélla nación. Semejantes motivos encontró la constitución italiana de 1948. En los principios rectores de ambos textos constitucionales se nota un cambio sustancial de los anteriores sistemas de gobierno y de reconocimiento de los derechos de sus gobernados adecuándose a las nuevas realidades. De hecho, nuestra constitución de 1917, también fue producto de una revolución armada, texto que pretendió seguir los principios rectores de su antecesora de 1957 y recuperar el estado de Derecho y la organización de la nación.

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      Otros ejemplos, resultado de revoluciones no violentas, los encontramos, en la constitución española de 1978, la cual fue consecuencia del tránsito de una larga dictadura hacia una monarquía constitucional, texto ejemplar emanado de una transición no violenta sino resultado del diálogo y del consenso. Y como ejemplos de textos constitucionales productos de cambios no violentos sino de cambios de regímenes (o en dado caso de ideologías políticas) en el Poder, encontramos a la constitución venezolana de 1999, impulsada por Hugo Chávez para legitimar su lucha ideológica. Igual fenómeno sociológico es el que motivó a la constitución de Bolivia del año 2009, alentada por el presidente Evo Morales también para legitimar su ideología política.

      En suma, vemos que las modernas constituciones (que dicho sea de paso comparten en gran medida los principios rectores de nuestro actual texto constitucional) han sido producto de un evidente cambio de régimen político y de las estructuras del Poder, cuestión que vemos, en México, no ha sucedido. Si bien es cierto que hemos experimentado una transición política, ésta no se ha visto marcada en cambios institucionales en la forma del Estado, por lo que un nuevo texto constitucional bajo estos esquemas de consolidación de la democracia en nuestro país, ahora mismo políticamente sería inviable.

      Comentábamos también que el texto vigente ha sido producto de una labor que el Supremo Poder Revisor ha encabezado de manera oportuna. Ha sabido entender los nuevos tiempos y cambios sociales que el estado mexicano ha sufrido para ir adecuando paulatinamente el texto constitucional hasta hacerlo plenamente vigente y operativo. Baste revisar algunas de las reformas sustanciales que la Carta Magna ha sufrido recientemente, como la reforma penal en 2008, la reforma en materia derechos humanos (la más importante de las últimas décadas) en 2011, la reforma en materia política de 2012 y más recientemente la reforma en materia educativa. Son nuevos temas constitucionales que el Constituyente Permanente ha sabido focalizar en el texto constitucional para hacer operativa y plenamente actual a nuestra Carta Magna. Y Como el texto vigente responde en lo más a las realidades sociales, no hay necesidad de adoptar un texto totalmente nuevo, sino robustecer plenamente las reformas integradas para darle plenitud a la constitución.

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      Y atendiendo a este último aspecto, las recientes reformas estructurales del texto constitucional aún deben seguir un itinerario de consolidación para que veamos su auténtico alcance. En materia de derechos humanos y en materia política aún hay leyes secundarias que paulatinamente se van adecuando y moldeando al texto constitucional vigente, y quedan pendientes aquéllas que reglamentarán a la reforma educativa recientemente aprobada, por lo que, de hacer un texto constitucional nuevo, los avances en las normas reglamentarias que se han tenido, quizá no encuentren un cauce pertinente.

      Un aspecto más a tener en cuenta para no considerar la viabilidad en la creación de una nueva Constitución está en el papel actual de los partidos políticos. En efecto, un texto constitucional nuevo reclama tras de sí un auténtico diálogo y un verdadero consenso en cuanto al fondo y a los principios rectores por parte de los actores políticos que postulen a los constituyentes. Dadas las experiencias recientes que en materia política nuestro país ha vivido, dudo, amable lector, que contemos con partidos políticos plenamente maduros y conscientes de su labor. Hemos sido espectadores de más pugnas que de diálogos, de más descalificaciones que de construcción institucional, de más encono y división entre la clase política que de apertura y consenso, en suma, los partidos se preocupan por sus propios intereses, o en su defecto, por los intereses de sus líderes, que por el bienestar de todos los mexicanos. Dígame usted si con este nivel de diálogo que impera entre la clase política podríamos estar tranquilos de contar con un Poder Constituyente plenamente capaz y comprometido en velar por los intereses nacionales antes que por los intereses particulares. Sinceramente yo dudo mucho que ese escenario se presente (aunque en este inverosímil país todo puede pasar), y vaya usted a saber qué tipo de texto “innovador” pudiera salir de ese experimento.

      Y teniendo en cuenta éste último aspecto nos preguntaríamos: en este momento actual ¿a quién beneficiaría una nueva Constitución? Decíamos que muchos textos modernos han sido producto de las ideologías que acceden al Poder, esto es, responden no a una razón de Estado, sino a una razón política, por lo que un nuevo texto constitucional en este momento, ulteriormente beneficiaría al Poder en turno; sin embargo vemos que el nuevo gobierno y la nueva legislatura federal no contemplan en sus agendas políticas, ni en el corto ni en el mediano plazo, optar por una nueva Constitución, y ello responde a la lógica de adecuación del texto constitucional que tradicionalmente se ha hecho en nuestro país para amoldarla a las nuevas realidades. Preocupémonos más cuando algún líder político con fuerza de movilización (como hay varios en este país), pugne por crear una nueva constitución porque seguramente su intención no va por la consolidación del estado de derecho, sino por la consolidación de su ideología política personal.

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      Consideramos, por tanto, que no es necesario convocar a un nuevo Poder Constituyente y redactar una nueva constitución. Lo que sí es necesario es consolidar lo que se ha avanzado en materia constitucional, seguir definiendo su espíritu democrático en las leyes secundarias, en las instituciones, en los procesos de defensa constitucional y en todos los aspectos políticos de nuestro país. Que el Supremo Poder revisor siga trabajando para hacer las reformas verdaderamente pertinentes y seguir adecuando el texto a los cambios y a las realidades sociales que experimenta nuestra nación.

      Y tal vez lo más importante que se nos olvida a los ciudadanos es que somos nosotros precisamente quienes debemos conocer, motivar y exigir verdaderamente el cumplimiento de los principios rectores de nuestra Carta Magna; que no es papel exclusivo de los políticos o de los Poderes de la Unión, sino de todos los mexicanos que estamos bajo su cobijo, porque somos nosotros, los ciudadanos, quienes damos plenitud al espíritu constitucional, quienes hacemos grande a México, porque de nada serviría una nueva Constitución si como ciudadanos seguimos teniendo viejas formas y vicios de participación en la vida democrática de nuestro país. Continuemos haciendo un diálogo propositivo y una actividad realmente participativa, porque sólo de esa forma actualizamos, defendemos y damos plena vigencia a nuestra Constitución Política.

Héctor López Bello

twitter: @HLopezBello

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