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     Parecería el guión de esas películas de drama que tanto gustan a Hollywood: una inocente extranjera llega a un país extraño, se enamora rotundamente de un hombre quien, a la larga, resultará ser un delincuente probado. Ella es detenida y sentenciada por habérsele encontrado en el lugar de los hechos donde los delitos se perpetraban, ya que la policía le construyó pruebas y testimonios falsos que la incriminaron injustamente, pero al final, su lucha y la tenacidad de sus allegados, rindieron frutos para que recuperara la libertad… felizmente regresó a su país, pero de su culpabilidad o inocencia nada se supo.

     Desde luego esto no es un guión hollywoodense, sino un hecho de la vida real que todo México conoce: el caso Florence Cassez, ciudadana francesa quien el día de hoy recuperó su libertad luego del fallo de la Primera Sala de la SCJN que le concedió el amparo solicitado para revertir la sentencia que le condenó a 60 años de prisión.

     Mucho se ha hablado y discutido sobre el caso en particular por los expertos juristas, por los medios de comunicación, por los activistas y hasta por los políticos. Pero una cosa es clara: luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia, aún quedan muchos cabos sueltos para la justicia mexicana.

     Apelando a la primacía de la ley, efectivamente los derechos fundamentales de la ciudadana francesa fueron violados rotundamente por la autoridad persecutoria del delito. Fue víctima de un descarado montaje mediático que la Procuraduría General de la República montó a finales de 2005, autoridad que, con todo el cinismo del mundo, reconoció que había existido una falaz reconstrucción de los hechos. Por ello la justicia federal le concedió el amparo solicitado para que quedara en libertad, por la falta de claridad en las pruebas presentadas con las que se pretendía acreditar su culpabilidad.

     Todos los tecnicismos y tiempos jurídicos que tuvieron lugar en el caso ya han sido explicados por los colegas abogados, pero quedan algunos aspectos que es necesario recuperar para evitar que, casos como el de Florence Cassez vuelva a ocurrir.

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     ¿Qué lecciones nos deja este caso? Desde luego que tenemos que ir uniendo algunos cabos sueltos. Lamentablemente se vuelve a comprobar que el sistema de persecución de los delitos en México, esto es, el Ministerio Público, aún recurre a los vicios de antaño que tanta mala fama le han dado: siembra de pruebas, testimonios manipulados, incomunicación de los inculpados y fabricación de pruebas. ¿Cuántos casos más como el de la señorita Cassez siguen existiendo en nuestro sistema de justicia y que por no contar con el impacto mediático que contó este caso en particular siguen sin ser resueltos? Desde luego que varios. Ya el tan comentado documental “Presunto culpable” mostró las inconsistencias que hay en las autoridades al momento de consignar a las personas y, los casos seguro que se multiplican exponencialmente.

     ¿Y qué han hecho las autoridades? Absolutamente nada. Es inverosímil el mutismo que existe en torno a ello, es decir, que los verdaderos culpables en todo este asunto, el ex Procurador General de la República, Genaro García Luna, y su equipo de trabajo, quienes fabricaron las pruebas, sigan sin ser sancionados por tan grave falta a la verdad jurídica.

     Todo lo relativo al caso Cassez deja en el imaginario colectivo más preguntas que respuestas. Aquí que cabe válidamente cuestionarnos: ¿quién es realmente el  culpable en este caso? ¿Por qué no se han sancionado a las autoridades responsables? ¿Hasta qué punto las presiones internacionales pesaron en el fallo? ¿Cuánta gente inocente está purgando penas injustas producto de la llamada “guerra contra la delincuencia” del sexenio pasado? ¿Realmente nuestros Ministerios Públicos están formados y preparados para actuar con probidad y conforme a derecho, respetando auténticamente la ley? ¿Es realmente inocente Florence Cassez? ¿Y las víctimas reales de todo este entramado jurídico político? Tantos cabos sueltos deja este caso que deben llevar a una profunde reflexión sobre nuestro sistema de persecución y con ello, de impartición de justicia.  

     Lo más probable es que no lleguemos a conocer la verdad histórica de lo sucedido en el caso Cassez. Al concederle su inmediata libertad y, con ende, la absolución de los delitos que se le imputan, no será porque ella sea realmente inocente, sino por una cuestión de la existencia de vicios procedimentales en las actuaciones de la autoridad, los cuales violaron su derecho fundamental al debido proceso. Pero la verdad sobre su culpabilidad o inocencia ha quedado en el aire. Así como opera el principio de presunción de inocencia (“toda persona es inocente hasta que no se le compruebe lo contario”), también queda la duda razonable de sospechar sobre su culpabilidad, pero en este caso, la imputada es “inocente” ya que la autoridad no demostró, con pruebas reales, su culpabilidad.

     Desde luego que en este caso quien realmente sale afectado no es la ciudadana francesa por su indebida imputación, ni tampoco el Poder Judicial por actuar conforme a los principios procesales establecidos en la ley. Ellos salieron ganado. Los afectados son las víctimas de la banda criminal a la que supuestamente pertenecía la señorita Cassez quienes no verán satisfecha la reparación del daño causado por sus plagiarios y tendrán que vivir con la incertidumbre de seguir cuestionando las actuaciones de las autoridades. Pero desde luego, el principal afectado es el Estado mexicano, pues nuevamente sale a relucir la falta de capacidad de las autoridades encargadas de perseguir los delitos de realizar su trabajo con probidad, honradez y apegados al estado de derecho. Lo más lamentable que se denota en esto una falta total de los valores mínimos deontológicos de aquéllas autoridades quienes sembraron las pruebas.

     Nunca se debió haber llegado hasta estas instancias jurídicas las cuales tuvieron trascendencia en las relaciones internacionales de nuestro país. Baste recordar las incidencias diplomáticas suscitadas entre nuestro país y la República francesa. Todo ello se pudo haber evitado si el Ministerio Público realmente hubiera actuado conforme a derecho, con los medios que la propia ley le concede, y no recurriendo a la mentira y al engaño para mostrar culpables a los medios, como una justificación de la impune guerra contra la delincuencia que tantas víctimas ha causado. Por ello queda en la mente de la ciudadanía que en este caso, como en tantos otros, la verdad histórica, es decir, saber qué fue lo que realmente sucedió, no será revelada, y nuevamente nos quedamos con el sinsabor de conocer a los auténticos culpables en la comisión del delito. Sin embargo, se llegó hasta la instancia jurídica más alta no por una cuestión de fondo, sino de legalidad, y desde luego, cuando la forma afecta al fondo, hay que reponerla para develar lo que subyace en los casos. Pero en este caso la forma fue viciada tan grotescamente y tuvo consecuencias jurídicas tan amplias, que el fondo dejó de tener relevancia para los juzgadores. Y se llegó a la resolución que ya todos conocemos.

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     La cuestión, por tanto, sobre la  liberación de la ciudadana francesa no es responsabilidad del Poder Judicial quien ha hecho su labor jurisdiccional apegada a los principios de legalidad, esto es, apegada a derecho. La auténtica responsabilidad de este caso, y a quien hay que reclamarle su responsabilidad histórica, es a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público Federal y a sus anteriores autoridades quienes giraron órdenes para vulnerar impunemente no solamente los derechos de una persona, sino más aún, vulnerar el estado de Derecho que debe regir en la nación. No podemos dejar este cabo suelto para que la historia lo olvide. Debemos exigir con contundencia la responsabilidad de las autoridades, la constante y firme preparación de los Procuradores de Justicia, de los Ministerios Públicos, de sus agentes, de los cuerpos policiacos y de toda autoridad que busque e imparta justicia. En pleno siglo XXI no deben seguir ocurriendo este tipo de situaciones autoritarias que dejen tan vulnerable a cualquier ciudadano. Hay que ser muy vigilantes y propositivos con nuestras autoridades.

     Por el bien del estado de derecho y de la auténtica protección de los derechos fundamentales de las víctimas, de los inculpados y de la ciudadanía en general, esperemos que la nueva administración federal haya aprendido la lección y capacite mejor a sus miembros, resuelva los problemas de fondo y vele, ante todo, por el bien supremos del imperio de la ley y del derecho. No se pueden seguir violando impunemente los derechos de las personas. No queremos más casos de la vida real que parezcan guiones hollywoodenses y que dejen tantos cabos sueltos para la verdadera justicia. No se pueden seguir resolviendo las controversias por cuestiones de legalidad sin que conozcamos auténticamente la verdad histórica de lo que sucedió. Ese es el gran reto no sólo para las autoridades, sino para aquéllos quienes se están formando para ser el día de mañana, los ministerios públicos, los abogados, los policías y los juzgadores, quienes deben poner por delante el valor de la justica antes que lo políticamente correcto, y ahí la ciudadanía debe seguir siendo muy  vigilante y propositiva.

 Héctor López Bello

twitter: @HLopezBello

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