reforma-educativa

Para nadie es desconocido que el nivel de la educación básica impartida en nuestro país resulta más deficiente que los que las autoridades y los ciudadanos se percatan. Vivimos un rezago educativo, intelectual, institucional que, desde luego, se ve reflejado en un preocupante rezago moral que vive gran parte de nuestra población joven.

Mucho se ha dicho y comentado por los especialistas sobre las reformas integrales que debe hacerse a las políticas públicas y al marco legislativo que rige al sistema educativo nacional. La culpa se la trasmiten los políticos nuevos a sus antecesores, al sindicato de maestros, a la devaluación, a la crisis económica, etc. Son cuestiones que, en la discusión política, reclaman las primeras líneas, y hacen uso de cifras, de encuestas y de evaluaciones que buscan mostrar el tan conocido rezago educativo o bien, el precario avance que en la materia se ha tenido en los últimos años, pero que en el fondo los políticos no voltean el rostro hacia lo que los educandos reciben en sus años de formación. Hace ya falta un replanteamiento de las políticas educativas y de las normas que las rigen.

En días pasados el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que contempla la inclusión de figuras jurídicas que darían mayor transparencia y certidumbre para el acceso a la planta docente nacional. Por supuesto que el camino por recorrer en cuanto a una auténtica reforma educativa es aún amplio, pero con estos primeros pasos y con voluntad política de todos, podremos ir encaminado a la educación mexicana hacia el rumbo deseado desde hace tantas décadas.

Comentaremos ahora algunos aspectos que consideramos relevantes de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.

La viabilidad de la reforma educativa

La reforma al constitucional propuesta por el Presidente Peña Nieto resulta interesante en cuanto a sus fines, pues en su exposición de motivos admite la urgencia para el Estado de garantizar una educación de calidad. Reconociendo la importancia que el papel del magisterio juega en la educación, la propuesta de reforma se centra en la labor de los educadores, poniendo a la evaluación docente como eje rector de los fines y de las políticas educativas. Garantiza así, a rango constitucional, un servicio profesional docente basado en los méritos de los maestros y no en las imposiciones de los cacicazgos sindicales. Con ello se pretende retomar la tan loable labor del magisterio y escindirla paulatinamente del fantasma sindical que tanto le ha perjudicado por lustros.

En lo tocante a la reforma del artículo tercero constitucional, se propone incluir la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo público autónomo que evaluará el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Se hace además un énfasis en que el ingreso al servicio docente y la promoción a los cargos de dirección y supervisión de la educación que imparta el Estado se harán mediante concursos de oposición. Esta circunstancia haría que el acceso a las plazas docentes gozará de mayor transparencia y que auténticamente sean los mejores profesores quienes impartan las clases.

La iniciativa contempla que el INEE estará dirigido por una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros propuestos al Senado por el Ejecutivo Federal quienes ejercerán su cargo por siete años y podrán reelegirse por un periodo más. Los integrantes de la Junta de Gobierno, afirma la iniciativa, serán personas con capacidad y experiencia en las materias de competencia del Instituto, sin embargo, la iniciativa deja poco claro qué entiende por “capacidad y experiencia” y delega dicha calificación a la Ley secundaria que deberá ser elaborada por el Congreso. Por la alta responsabilidad que implica el cargo, consideramos que aquí la iniciativa sí debería ser explícita sobre las características particulares de los integrantes de la Junta de Gobierno del INEE, como sí es explícita la constitución para el nombramiento de otros funcionarios (i.e., miembros del Congreso, ministros de la Corte, Procurador General de la República, Consejeros del IFE). Por ejemplo, deberá exigirse que todos los miembros pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es decir, que sean académicos de carrera, pues así se cerraría la puerta para que personas ajenas al ámbito de la educación acedan a tan importante encargo.

De igual forma consideramos que el periodo de siete años resulta demasiado largo, pues con la posibilidad de reelección en el cargo, el periodo podría extenderse hasta 14 años, lo cual también podría configurar algún tipo de subordinación o clientelismo de los integrantes de la Junta hacia cualquier actor político que pueda influirle en su encargo.

La iniciativa de reforma constitucional también sugiere que el nombramiento del Presidente de la Junta del INEE será a decisión del Ejecutivo Federal, escogiéndolo de entre los miembros de aquélla. Nuevamente consideramos que, para dotar de plena autonomía operativa al INEE, dicho nombramiento lo deberían realizar los propios miembros de la Junta, pues esto dotaría de mayor transparencia y aseguraría una total escisión política e independencia del Presidente de la República.

Interesante resulta también en la iniciativa la reforma al artículo 73 fracción XXV, la cual incluye la nueva facultad para el Congreso de legislar sobre el aseguramiento en el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Sin embargo, consideramos que esta redacción resulta demasiado amplia y puede interpretarse de muchas maneras, pues no especifica qué se entiende por inclusión ni por diversidad; de hecho el artículo tercero constitucional conceptualmente también resulta parco en cuanto a estos adjetivos. El problema de esta redacción se presentaría para el Congreso pues tendría que legislar definiendo explícitamente cómo se definen los fines de la educación y qué deberá entenderse por inclusión y por diversidad.

Desde luego la iniciativa del Presidente Peña Nieto se encuentra en un proceso de discusión en el Congreso y seguramente será objeto de diversas modificaciones para que el auténtico espíritu que la mueve sea cumplido, esto es, garantizar una transparencia, una mejor eficacia y una mayor responsabilidad del estado en cuanto a su papel como proveedor de la educación básica en el país.

En suma, el itinerario por seguir de esta iniciativa de reforma constitucional aún es largo, pues la mayoría de los Congresos Locales tendrán que aprobar la minuta enviada por el Congreso General, además de que el propio Congreso de la Unión tendrá que expedir, en su momento, las Leyes reglamentarias necesarias para cristalizar el espíritu de la reforma. Sin embargo hay que destacar que ya se ha dado un primer paso importante para ir cumpliendo paulatinamente los compromisos adquiridos por el Gobierno federal y por las principales fuerzas políticas cuando firmaron el Acuerdo por México, pacto de voluntades políticas que pretende priorizar el trabajo conjunto y los acuerdos que verdaderamente reclama nuestro país y dejar en segundo plano las diferencias particulares que existen entre los Partidos políticos.

Por ello, y para no alterar el espíritu conciliador que prístinamente se asoma en los albores del presente sexenio, habrá que depurar los posibles elementos negativos que presenta la reforma y vitalizar lo más importante que es cimentar los primeros peldaños de una verdadera reforma integral en la educación nacional.

Los auténticos factores.

Ahora bien, la propuesta de reforma constitucional enviada al Congreso por parte del Presidente de la República en días pasados es un primer paso para la tan anhelada reforma educativa que el país reclama desde hace décadas, sin embargo, dicho documento, tan bueno en las intenciones pero tan lejano aún en los hechos, no sería más que una lista de buenos propósitos si todos los elementos en ella involucrados, hacen auténticamente su tarea en el rediseño de la educación en México.

En primer lugar el Congreso Federal que debe revisar con lupa la viabilidad de la iniciativa del Ejecutivo, haciéndose escuchar de los expertos y sobretodo, teniendo en cuanta que, lo que se apruebe como minuta definitiva para la reforma constitucional, debe dar como resultado una norma con alcances ambiciosos positivos para una verdadera reestructuración de la política educativa, además que, la modificación de la legislación secundaria deberá contener un marco operativo viable, sin ceder espacios políticos a ningún actor, porque sólo de esa manera puede robustecerse el espíritu que guiaría una verdadera modificación en el rumbo educativo de nuestro país.

En segundo lugar, el magisterio nacional, representado por el SNTE y sus líderes, quienes de una vez por todas deberán concientizarse que su labor no es un simple puesto burocrático sino un auténtico título digno de ser llevado (no en vano José Vasconcelos nombraba a los maestros como “apóstoles de la cultura”) y, desde luego, protegido dignamente, con su trabajo, con su constante formación y con una verdadera vocación de servicio no sólo a la juventud que estudia, sino ante todo, a la nación, y que su voz primordialmente debe escucharse en las aulas y no en las calles. Pero, para garantizar una educación de excelencia, debemos asegurar educadores de excelencia, y la propuesta del Ejecutivo Federal en cuanto a la creación del INEE, órgano que evaluará el desempeño y funcionamiento de los docentes, resulta una pieza fundamental en la nueva estructura orgánica de las políticas educativas que se pretende implantar en México. Todo profesor debe someterse a una evaluación continua, que garantice su constante formación y actualización en cuanto al uso de las herramientas que el dinamismo social reclama y así asegurar una mejor transmisión del conocimiento a los futuros ciudadanos.

En tercer lugar los padres de familia, porque es en el seno del hogar donde se cristalizan los conocimientos adquiridos en el aula. En la casa se aprenden y se viven los valores que, como ciudadanos, deben guiar la formación de los educandos. De poco servirían profesores bien capacitados si en la casa el niño no refuerza lo aprendido en clase. El padre de familia debe, por tanto, convertirse en un apéndice de la escuela, estar al pendiente de la formación de sus hijos en un constante diálogo con los estudiantes para retroalimentar el conocimiento siendo copartícipes de la labor educativa. Nunca hay que desdeñar la trascendencia que el seno familiar imprime en la formación del criterio, del carácter y del conocimiento de la niñez y de la juventud.

Y en cuarto lugar estamos todos los ciudadanos, quienes debemos exigir que los buenos propósitos de la iniciativa de reforma educativa se cumplan cabalmente, y que espíritu que guía a la educación nacional contemplado en la fracción segunda del artículo 3º de la CPEUM (basado en el progreso científico y contra los fanatismos y prejuicios; democrático, nacional y que contribuya a una mejor convivencia humana) sea auténticamente plasmado en los hechos. A todos nos afectan unas malas bases en la educación, pero igualmente a todos nos beneficia una educación con calidad, incluyente y progresista, y con proyecciones viables a largo plazo, pues la verdadera riqueza de una nación no está en las cifras macroeconómicas, sino en la cultura y la educación de sus ciudadanos, ya que aquéllas serán el resultado lógico de una buena base formativa.

Si todos estos factores logran conjuntarse armónicamente, entonces de verdad estaríamos frente a una auténtica reforma en materia educativa, pero mientras no tomemos papel activo de concientizarnos que es primordial reencaminar el rumbo de la educación en México, esta materia seguirá siendo un grillete para el progreso y un capital político para los caciques de la educación.

Héctor LÓPEZ BELLO

Publicado en: http://periodicofactor.com/2012/12/los-factores-que-harian-la-verdadera-reforma-en-materia-educativa/

Anuncios