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El pasado jueves 9 de agosto fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de importantes reformas a la Constitución General de la República en materia política. Un total de trece artículos fueron modificados o adicionados en aras de incluir ciertos principios que, desde hace varios años, políticos, legisladores, académicos y la sociedad civil en general, ya venía reflexionado e, incluso, algunos los consideraban como imperativos por implementar. Luego de muchas veleidades sufridas en cuanto a las iniciativas presentadas, los cabildeos intensos y las largas discusiones, los partidos políticos lograron ponerse de acuerdo y sacar adelante tan importantes reformas. Con ello, se pretende dar un nuevo cariz a la política nacional. Merece la pena hacer un breve balance, a manera de nota informativa, sobre los aspectos más importantes que contiene dicha reforma.

Comencemos analizando las reformas que atañen a la participación ciudadana y al nuevo papel del Congreso de la Unión y, en una segunda entrega, analizaremos las reformas que atañen a la figura del Ejecutivo Federal y de las Entidades Federativas.

En primer término, se reformó el artículo 35, el cual habla sobre los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos. Aquí se suprime el término “prerrogativa”, y se adopta efectivamente la palabra “derechos”, dando con ello mayor claridad a la ratio legis de dicha norma. Ello significa un mayor énfasis en cuanto a los derechos que tenemos los ciudadanos, ya que una prerrogativa hacía referencia más a un privilegio que a un derecho, y en política, los ciudadanos gozan efectivamente de derechos, no de privilegios. Pero lo más destacable de la reforma a éste artículo es la inclusión, en la fracción II, el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro como candidatos ante la autoridad electoral sin que sean postulados por algún partido político; estos es, en términos más simples, la posibilidad de la existencia de las llamadas “candidaturas ciudadanas”. Sin duda, esta reforma implica un avance muy importante en cuanto a la participación política que pueda tener la ciudadanía, independientemente de su vinculación a algún partido político. El reclamo de esta figura se venía haciendo ya desde hace baste tiempo, principalmente desde los sectores académicos y ciudadanos, y ahora, con la reforma constitucional, dicha figura logra instituirse en el sistema político mexicano. Incluso se llegó a tener un litigio internacional en contra del Estado mexicano en la que se solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su decisión. Baste recordar el caso de Jorge Castañeda Gutman ante esa instancia, cuya sentencia condenatoria a México en agosto de 2008, puso el dedo en renglón acerca de la violación de un derecho humano fundamental: la posibilidad de un ciudadano de ser electo popularmente. Tuvimos que esperar casi 14 años para que éste reclamo ciudadano tuviera peso, y ahora hay que trabajar en el fortalecimiento de esta nueva figura política. Sin embargo, la reforma a la fracción II del artículo 35 todavía tiene un itinerario muy importante a seguir, esto es, la posterior reforma del COFIPE para reglamentar la maneras en la que los ciudadanos podrán postularse de manera independiente, y ahí el legislador tiene una ardua tarea pues quedan puntos clave por determinar, entre ellos, los requisitos formales y materiales para su registro, y sobre todo, la forma de financiamiento para sus campañas, etc.

Aquí la sociedad civil nuevamente debe estar muy atenta para vigilar que las reformas reglamentarias que se hagan a las leyes garanticen que este nuevo derecho ciudadano no esté influido tangencialmente por los partidos políticos y que realmente sean ciudadanos quienes se postulen como candidatos. Ya no queremos más juegos políticos de “candidatos ciudadanos”, como Gabriel Quadri o Isabel Miranda de Wallace, quienes bajo la falsa máscara de ciudadanos escondieron las auténticas pretensiones políticas de los partidos que los postularon. Por ello la reforma a la ley reglamentaria debe ser muy precisa y señalar todas las características de las candidaturas ciudadanas para no dar la impresión de un sesgo partidista a quien legítimamente pueda aspirar a un cargo de candidato de elección popular.

Asimismo, se adicionó la fracción VII al artículo 35, el cual concede a los ciudadanos la facultad de iniciativa de leyes, si éstos representan un número igual al 0.13% de la lista nominal de electores, según lo establece la nueva fracción IV, también adicionada, del artículo 71, el cual especifica quiénes gozan del derecho de presentar iniciativas de ley. Sin duda esto representa un avance importante en cuanto a participación ciudadana, pues somos nosotros, los ciudadanos, quienes más interesados estamos en la creación de leyes auténticamente efectivas para los problemas sociales, pues las más de las veces las leyes respondían a una cuestión política antes que ciudadana. Los sectores académicos y las organizaciones sociales, formablemente hablando, son los más beneficiados, pues en dichos ámbitos es donde se sostienen los foros de discusión más estratégicos y cuya panorámica puede alumbrar de manera más certera sobre las leyes que México reclama. Queda, desde luego, la tarea de reglamentar en la Ley del Congreso cómo serán presentadas dichas reformas, qué características deben tener y de qué manera serán turnadas a Comisiones y al Pleno.

De igual forma se adicionó al propio artículo 35 la fracción VIII, que consagra el derecho de votar en las llamadas “consultas populares” —y su correlativa obligación de participar en ellas, según lo prevé ahora la fracción II del artículo 36—, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión. Esa consulta la pueden solicitar tanto el Presidente de la República como el equivalente al 33% de los representantes de cualquiera de las Cámaras y, lo que resulta relevante para los ciudadanos, también pueden hacerlo el equivalente al 2% de los electores registrados en el padrón electoral.

Esta reforma resulta de un reclamo que, en efecto, desde hace tiempo se venía haciendo al sistema político mexicano sobre la inclusión de estos medios de participación ciudadana en los que se sometiera al escrutinio público temas de relevancia nacional. Con este mecanismo la ciudadanía puede tener una voz más directa frente al Poder Público y motivar al Congreso para que convoque a los electores a discernir sobre temas importantes. Desde luego el propio Congreso lleva la batuta en cuanto a la operatividad de la consulta, pues es éste Órgano del Estado quien convocará, por voto de la mayoría de cada Cámara, a la consulta popular

La experiencia de este tipo de consultas en otros países ha sido muy enriquecedora. Por ejemplo, en varias democracias europeas (Francia, Italia, España, Alemania, etc.,) ha sido un método muy eficaz para resolver de forma directa, y cara al ciudadano, temas que, por su naturaleza, tienen una relevancia vital para los gobernados. Cabe recordar, a manera de ejemplos, el rechazo generalizado por parte de la ciudadanía de la Constitución europea que se pretendía anexar al Tratado de Lisboa en 2005, y que por una consulta popular en los países miembros de la Unión Europea, fue rechazada; o bien la consulta realizada en Ecuador por Rafael Correa en mayo de 2007 sobre diversos temas políticos, económicos y sociales y que gracias a dicha consulta la constitución ecuatoriana gozó de importantes reformas.

La esencia de una consulta popular radica en la injerencia directa del ciudadano en actos decisorios, siguiendo las pautas que las propias leyes determinan y para los casos específicos que son contemplados. Desde luego esta es una cuestión muy importante, pues no puede vilipendiarse la valía de una consulta popular, por lo que los aspectos que deben consultarse a la ciudadanía auténticamente deben ser de trascendencia nacional. Aquí la reforma constitucional quedó imprecisa porque no logra definir qué se entiende por “trascendencia nacional” y será tarea de la interpretación jurídica de los juristas y de los jueces definir en su momento qué debe entenderse por ese concepto. Y dada la experiencia reciente de nuestro país, donde las turbulencias políticas han marcado el rumbo institucional, es muy importante que se acote debidamente la definición de “relevancia nacional”, pues aquí podrían encontrar una simiente fértil las ideologías políticas antes que las ideas ciudadanas. Desde luego, la reforma sí deja en claro los temas en los que quedan vedadas las peticiones de consulta popular, esto es, aspectos relacionados con los derechos humanos, con la forma de Estado y de gobierno, materia electoral, cuestiones de ingresos y gastos del Estado y seguridad nacional. Aquí la SCJN jugará un papel relevante, pues será el Órgano encargado de verificar la constitucionalidad de la materia que se sometería a consulta popular y, a su vez, será el IFE quien organice logísticamente dicho ejercicio democrático convocándolo para el mismo día de las elecciones federales.

La adición de la figura de la consulta popular implica un gran avance en la democracia mexicana, sin embargo entre muchos especialistas aún queda la duda sobre la no inclusión de las otras figuras de participación ciudadana como lo es el plebiscito o el referéndum. Consideramos que esta reforma ha dado un paso importante y que deberá consolidarse primero la consulta ciudadana para paulatinamente ir avanzando en las demás figuras de participación ciudadana, porque a la democracia incipiente que vivimos debemos reafirmarla con cautela e ir transitado paulatinamente hacia una democracia más madura, pero ello requiere un cambio necesario tanto en los políticos como en los ciudadanos, y  ahora, con esta nueva forma de participación, se ha dado el primer gran paso.

Adelantábamos también la importancia de la reforma al artículo 71, donde la nueva fracción IV otorga a los ciudadanos la facultad de iniciar leyes, si dicha iniciativa es respaldada por, al menos, el 0.13% del padrón electoral. Podría pensarse a priori que es un porcentaje muy bajo para ejercitar ese derecho, sin embargo, dado el padrón electoral actual, se requerirían poco más de noventaiún mil firmas para impulsar una iniciativa, cifra ciertamente algo complicada de lograr, pero no imposible.

Desde luego el meollo de ésta nueva prerrogativa democrática no está en el número de electores que la respalden, sino en los mecanismos que se establezcan en la Ley del Congreso especificando claramente todas las características que debe contener la iniciativa. Esperemos que en la labor de reforma a la Ley del Congreso, los legisladores no establezcan requisitos formales y materiales muy engorrosos que desmotiven a los ciudadanos a ejercitar este derecho, porque el legislador podría caer en la tentación de tácitamente suprimir este derecho y arrogarse muchas iniciativas valiosas, sólo porque los ciudadanos no cumpliesen ciertos requisitos sustantivos.

La iniciativa ciudadana debe erigirse como una figura de impulso al legislador, de hacerle ver que también la ciudadanía puede y debe participar en la creación de leyes, pero el legislador no debe con ello sentirse afectado en su esfera de competencia o bien, caer en un letargo de actividad, esperando que los ciudadanos tomen el papel activo de diseñas y sustentar una ley, y los legisladores simplemente cumplan con aprobarla. Esta nueva facultad ciudadana representa una oportunidad democrática auténticamente útil y que debe motivar a los especialistas y profesionales en materias concretas, a los académicos y a las Organizaciones Civiles a ser el factor de reflexión y cambio sobre las leyes necesarias en nuestro país, pero hay que tener cuidado en no convertirse en un apéndice intelectual de los partidos representados en el Congreso donde aquéllos dejen que los ciudadanos les hagan su tarea primordial de legislar.

De igual interés resultan las reformas políticas que atañen a la figura del Ejecutivo Federal y a las Entidades de la Federación, mismas que analizaremos en la siguiente entrega.

 Héctor López Bello

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